El reto de la asesoría jurídica federal extraordinaria en el Estado de México.
Estephanny Esperanza Quintero Trejo. Defensora Pública Federal de la Unidad de Litigio Estratégico en Materia de Derechos Humanos, del Instituto Federal de Defensoria Publica.
El Estado de México se enfrenta hoy a un espejo doloroso que nos devuelve una realidad insoslayable: la violencia contra las mujeres no es una cifra, es una emergencia estructural. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el primer semestre de 2025, el Estado de México ya sumaba 33 vidas arrebatadas bajo la tipificación de feminicidio. Pero detrás de la estadística, en municipios como Ecatepec o Chimalhuacán, existe una realidad donde la tasa de delitos de alto impacto alcanza los 423 por cada 100 mil habitantes. Este es el campo de batalla donde la representación extraordinaria se vuelve el último bastión de esperanza para las familias.
Desde la Unidad de Litigio Estratégico en Materia de Derechos Humanos, asumo la labor de la Representación Extraordinaria en casos de feminicidio. Ser la única defensora pública federal habilitada para estos casos en el territorio mexiquense representa un desafío que trasciende lo jurídico; es una batalla contra el tiempo, la impunidad y la revictimización.
Más allá del expediente, carpeta de investigación.
Muchos creen que la labor de una asesora jurídica se limita a adherirse a lo que dicta la Fiscalía. Nada más alejado de la realidad. Nuestra función exige un análisis clínico y crítico de cada expediente. Desde la etapa inicial hasta la ejecución de la sentencia, mi labor es identificar las debilidades de la pretensión ministerial para fortalecerla, destacando aquello que las y los juzgadores deben observar con obligatoria perspectiva de género.
La labor que desempeño cobra mayor relevancia al considerar que el Estado de México es una de las pocas entidades con una doble Alerta de Violencia de Género (por feminicidio y por desaparición). En este escenario de emergencia, la representación jurídica federal no es opcional, es el último bastión contra la impunidad que históricamente ha silenciado a las familias mexiquenses.
El reto es técnico, pero también es multidisciplinario. En el litigio estratégico, la diferencia la marca la ciencia. Por ello, mi labor se apoya en una red de especialistas: criminalistas de campo, psicólogos forenses, antropólogos sociales y peritos contables. Son ellos quienes ven lo que el derecho a veces ignora, visibilizando los contextos de opresión y permitiéndonos construir una ruta hacia una reparación integral del daño que sea real y no solo simbólica.
A pesar de los avances, las áreas de oportunidad en el sistema de justicia del Estado de México son claras: persiste una resistencia cultural a reconocer las razones de género y una saturación de las fiscalías locales que a menudo deriva en investigaciones deficientes. Mi intervención extraordinaria permite señalar estas omisiones a tiempo, asegurando que la cadena de custodia no se rompa y que los peritajes no carezcan de ese enfoque diferencial que exige la normativa nacional e internacional.”
La sensibilidad como herramienta de litigio
No se puede litigar la muerte violenta de una mujer desde la frialdad de un escritorio. El proceso penal es un camino de incertidumbre para las familias. Escuchar a las víctimas indirectas, a quienes les quitaron a sus madres, hijas, abuelas, tías, parejas es comprender que la justicia también es acompañamiento. Explicar en términos sencillos lo que ocurre en una audiencia y sostener su mano ante el dolor del recuento de los daños es, para mí, el motor más grande de mi quehacer.
Me motiva ser la voz de quien ya no puede exigir justicia; de aquella mujer a la que le arrebataron sus sueños y su historia. En este andar, comparto con las familias el contexto cultural y social, pero mi meta es firme: ninguna costumbre o circunstancia justifica la privación de la vida de una mujer.
El estándar internacional: Nuestro faro
Mi actuación no es aislada; se fundamenta en estándares internacionales que el Estado Mexicano está obligado a cumplir. Nos guían precedentes históricos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso González y otras “Campo Algodonero vs. México, que estableció el deber de debida diligencia en la investigación de feminicidios, o el caso Fernández Ortega vs. México, que subraya la importancia de juzgar con perspectiva de género.
Estos fallos no son solo teoría; son herramientas de combate diario. La Convención de Belém do Pará nos recuerda que el acceso a la justicia debe ser pronto, efectivo y libre de estereotipos.
Es imperativo mencionar el precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Mariana Lima Buendía, cuya madre, la activista Irinea Buendía, logró un cambio histórico en el protocolo de investigación.
En este camino, la sentencia de la SCJN en el caso Mariana Lima Buendía no es solo un referente, es nuestro mandato operativo. Esta resolución obliga a que toda muerte violenta de una mujer en el Estado de México sea investigada desde el inicio con perspectiva de género y bajo el protocolo de feminicidio.
Como defensora federal, mi labor es vigilar que este estándar no sea una simple declaración de buenas intenciones, sino que se materialice en cada diligencia ministerial para evitar que se desvíe la justicia hacia conclusiones erróneas o prejuiciadas
Seguiremos aportando pruebas, sensibilizando juzgadores y acompañando a las familias, porque cada razón de género acreditada es un paso hacia la verdad y un muro contra la repetición. No descansaremos hasta que la voz de las que ya no están sea escuchada con la dignidad que merecen
La justicia no se agota en una sentencia condenatoria; se alcanza cuando logramos que el sistema aprenda de cada caso para que no se repita. Al aplicar los protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, y al honrar la lucha de mujeres como Irinea Buendía, reafirmamos que la dignidad de las víctimas es nuestra única brújula. Por ellas, por sus familias y por un Estado de México libre de miedo, seguiremos litigando con la ciencia como escudo y la empatía como estandarte.
