El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propuso establecer como obligación del gobierno estatal y de los municipios que sus instancias de seguridad elaboren, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), protocolos especializados para la actuación policial en la atención de manifestaciones, marchas o protestas; para la intervención policial en presencia de personas periodistas y para la actuación policial en operativos administrativos de seguridad y orden.
La iniciativa de reforma a las leyes de Seguridad, de la Comisión de Derechos Humanos y Orgánica Municipal, todas del Estado de México, plantea que la Codhem también se encargue de la capacitación continua de elementos policiales, la cual consistiría en formación en derechos humanos para todo el estado de fuerza, mandos medios y superiores, en materia de género, enfoque diferencial, especializado e interseccional, así como en el derecho a la libre manifestación pacífica y a la libertad de expresión.
Adicionalmente, el proyecto de la bancada coordinada por el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández, leído por la legisladora Ruth Salinas Reyes, establece que los municipios deben garantizar que la actuación de sus cuerpos policiales respete los derechos humanos y la legalidad, apegándose a los protocolos.
El documento aclara que la propuesta deriva de las recomendaciones 1/2026 y 2/2026 de la Codhem sobre la marcha del pasado 2 de octubre de 2025 en Toluca, en la que, según se enuncia, policías municipales agredieron a manifestantes y se violaron derechos de periodistas durante esta movilización con motivo del aniversario de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, en 1968.
Señala que las recomendaciones de la Codhem deben tomarse en cuenta para que, desde el Congreso mexiquense, se establezcan medidas de no repetición urgentes para todos los municipios.
De acuerdo con el proyecto, en la Ley de Seguridad se establecería que la o el titular de las instituciones policiales estatales y municipales elabore, en coordinación con la Codhem, protocolos especializados, los cuales serán de observancia obligatoria para las respectivas instituciones policiales una vez que sean aprobados por el Consejo Estatal de Seguridad Pública.
La propuesta detalla que para el ejercicio de la fuerza se aplicarán las técnicas especiales que establezcan las disposiciones aplicables conforme a los protocolos antes referidos.
De aprobarse, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en coordinación con los municipios y la Codhem, establecería los lineamientos de la capacitación y evaluación permanente para que la actuación de las fuerzas de seguridad se realice con respeto a los derechos humanos y se apegue estrictamente a los protocolos.
En la Ley de la Comisión de Derechos Humanos se añadiría la atribución de este organismo para elaborar, en coordinación con los titulares de las instituciones policiales estatales y municipales, los protocolos especializados, con énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad, perspectiva de género e interseccionalidades, así como en la protección de personas defensoras de derechos humanos, personas observadoras y periodistas. De igual forma, se le sumaría la facultad de capacitar y evaluar de manera periódica a elementos policiales para ser aptos en la implementación de los protocolos.
En la Ley Orgánica Municipal estatal se incluiría que los ayuntamientos garanticen, en coordinación con la Codhem, la capacitación y evaluación permanente para que la actuación de las fuerzas de seguridad municipales se realice con respeto a los derechos humanos y se apegue estrictamente a los protocolos.
La capacitación consistiría en formación en derechos humanos para todo el estado de fuerza, mandos medios y superiores, en materia de género, enfoque diferencial, especializado e interseccional, así como sobre los derechos relacionados con la libre manifestación pacífica y la libertad de expresión en todas sus vertientes.
El documento informa que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, del 5 de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2023 se efectuaron 16 mil 431 manifestaciones entre concentraciones, mítines, bloqueos, marchas, plantones o rodadas, en las que participaron 7 millones 392 mil 241 ciudadanas y ciudadanos. Aunque en el Estado de México no se cuenta con un dato preciso sobre el número de manifestaciones y la participación ciudadana, indica la iniciativa, es un hecho que son recurrentes.
Sin embargo, abunda, muchos municipios, al encontrarse facultados para garantizar el orden público, lejos de entablar diálogo o implementar estrategias que garanticen la escucha y el cumplimiento de las exigencias ciudadanas, optan por detener y reprimir de manera violenta a las y los manifestantes.
En su intervención, la diputada Ruth Salinas enfatizó que protestar no solo es legítimo, sino un derecho constitucional, democrático y humano, pues la ciudadanía tiene derecho a manifestarse, ya que las protestas sociales surgen de la falta de respuestas institucionales.
Por otro lado, calificó como desafortunadas las declaraciones del alcalde de Toluca, en las que indicó que no ocurrieron algunos hechos relacionados con las recomendaciones de la Codhem.
