NAUCALPAN, Estado de México a 14 de Febrero de 2026.
•El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría del Trabajo, firmó un convenio de colaboración con 25 municipios de la entidad, con el objetivo de agilizar la atención y resolución de 28 mil 600 conflictos laborales.
En este acuerdo participaron municipios adscritos a la competencia de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA): Apaxco, Atizapán de Zaragoza, Chapa de Mota, Coacalco, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Hueypoxtla, Isidro Fabela, Jaltenco, Jilotzingo, Melchor Ocampo, Naucalpan, Nextlalpan, Nicolás Romero, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tequixquiac, Tlalnepantla, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Villa del Carbón y Zumpango.
Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo, destacó que, como parte de los compromisos adquiridos, cada municipio destinará una partida presupuestal específica para la atención y resolución de los conflictos laborales, mientras que la Secretaría del Trabajo proporcionará el acompañamiento y las herramientas jurídicas necesarias para que los procedimientos se desarrollen de manera pronta y expedita al priorizar la conciliación y el diálogo, conforme a lo establecido en la Reforma Laboral de 2019.
Señaló que el 80 por ciento de los laudos radicados en el TECA corresponden a conflictos con ayuntamientos, es decir, 28 mil 600 casos, de los cuales mil 900 se encuentran en etapa de ejecución, con un adeudo aproximado de mil 700 millones de pesos.
“Este reto no es menor, resolver laudos implica asumir con seriedad las responsabilidades de designar un presupuesto específico y suficiente para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales. Implica una aleación de disciplina y voluntad política para reconocer que el cumplimiento de un laudo no es un gasto, es una obligación, y también es un acto de justicia”, subrayó el Secretario.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de brindar certeza jurídica a las y los trabajadores que durante años han buscado una solución a sus conflictos para fortalecer y avanzar hacia un modelo de justicia laboral más eficiente, humana y cercana a la ciudadanía.
