Toluca, Estado de México, 1 de marzo de 2026.
• A través de la aplicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, el Gobierno municipal de Toluca promueve una cultura ciudadana de responsabilidad donde el respeto a los límites de alcoholimetría garantizan un entorno libre de riesgos y de preservación de la vida como una prioridad.
En este sentido, el Presidente Municipal Ricardo Moreno hace un llamado a la población para que en conjunto con las autoridades se logre una movilidad segura a través de la cual se mantenga como primer lugar y por encima de todo, la integridad de peatones, motociclistas, ciclistas y automovilistas en calles de Toluca.
A través del programa Conduce sin alcohol, la autoridad insiste a los manejadores de autos y motociclistas sobre la importancia de tener el volante en las manos y realizar las maniobras necesarias sin tener alcohol de por medio, por ello, cada semana verifica que quienes están al frente de un vehículo cuenten con parámetros claros para su protección, pues el reglamento establece un límite de 0.25 miligramos de alcohol por litro de aire pulmonar exhalado.
Mientras que para los conductores de transporte público hay cero tolerancia, por ello la normativa vigente contempla sanciones y procedimientos legales específicos para quienes no se apeguen a lo establecido e ignoren estas disposiciones que tienen como finalidad mantener el orden social.
El Bando Municipal 2026 establece que las personas con niveles excedidos de alcohol o sustancias psicotrópicas enfrentarán un arresto inconmutable de 12 a 36 horas. Este proceso técnico se realiza bajo la supervisión del Juzgado Cívico, instancia que determina la sanción correspondiente para salvaguardar la paz pública y evitar conductas de reincidencia que pongan en peligro a terceros.
El cumplimiento de estas normas refleja el compromiso ciudadano con la vida, ya que la sobriedad frente al volante reduce significativamente la probabilidad de siniestros.
El enfoque humanista de la administración de Ricardo Moreno incluye sesiones de terapia de rehabilitación para fortalecer la conducta social de los infractores. Este modelo de justicia cívica transforma la sanción en una oportunidad de aprendizaje y rectificación para los ciudadanos que presentan dificultades con el consumo de sustancias.
