Con motivo del Día de la Mujer, resulta de suma importancia visibilizar las condiciones específicas que enfrentan las mujeres indígenas en el país para acceder a la justicia, pero en esta ocasión, quiero hablar en concreto del Estado de México, entidad en donde ejerzo mi labor como persona juzgadora con vocación y orgullo.
En visitas a diversos municipios de la entidad, he constatado las desigualdades que las mujeres indígenas enfrentan día a día. Estas no son hechos aislados, sino expresiones de una brecha estructural profunda que persiste en nuestra sociedad. Enfrentarla exige no solo sensibilización, sino medidas concretas que garanticen los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano, respeten la autonomía comunitaria y fortalezcan el principio de interculturalidad como base para construir una sociedad más justa e inclusiva.
Al respecto, el artículo 2° constitucional reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y obliga a todas las autoridades a garantizar el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, considerando sus sistemas normativos internos. A ello se suman estándares internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Recomendación General 33 de la CEDAW, que exigen a los Estados asegurar el acceso a la justicia con perspectiva intercultural y de género.
Sobre esa línea, el Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica, por lo que reconoce legalmente a través de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, la existencia de cinco pueblos originarios, a saber: Mazahua, Otomí, Náhuatl, Tlahuica y Matlatzinca, así como a los distintos grupos indígenas de origen nacional procedentes de otras entidades federativas, establecidos en los municipios o localidades del territorio del Estado de México.
Así, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2023, en México, 39.2 millones de personas se identificaron como indígenas, 7.4 millones de personas de 3 años y más hablaban alguna lengua indígena y 7.0 millones de personas cumplían con ambas condiciones, y en este último rubro 52.3% eran mujeres, quienes en su mayoría presentaron altos niveles de inasistencia escolar.
Por su parte, el Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de México, refiere que según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 practicado por el referido Instituto Nacional; para ese año, se registró 417 mil 603 personas de 3 años y más hablantes de lengua indígena, de los cuales 308 mil 587 corresponden a los pueblos indígenas originarios.
Bajo esa óptica, según el INEGI las mujeres hablantes de lengua indígena presentan mayores índices de pobreza y menor acceso a servicios de salud y educación en comparación con el promedio nacional, por lo que los datos anteriores nos permiten reiterar que durante años, las mujeres indígenas han sido un sector sumamente invisibilizado y vulnerable.
Sin embargo, en lo que atañe al campo del acceso a la justicia, la brecha es aún más evidente. Datos del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) han señalado que las barreras lingüísticas y culturales dificultan que muchas mujeres indígenas denuncien agresiones o accedan a procesos judiciales con perspectiva intercultural, por lo que enfrentan múltiples obstáculos al buscar protección, asesoría oreparación por violencias erróneamente normalizadas. Entre los más documentados aparecen:
• Brechas lingüísticas.
• Ausencia de intérpretes.
• Desconfianza institucional.
• Experiencias previas de discriminación o revictimización ante instituciones.
• Aislamiento geográfico y costos.
• Choque entre sistemas legales comunitarios y locales.
Es de precisarse que si bien a nivel estatal existen esfuerzos importantes muy valiosos para brindar atención jurídica, acompañamientos y asesorías a este sector, eliminando así las desigualdades históricas, en nosotros se consolida la responsabilidad como personas juzgadoras e integrantes de una sociedad pluricultural en erradicar la visión equivocada, visibilizar y proteger a las mujeres indígenas así como transitar a una justicia social efectiva.
Por ello, como persona juzgadora en esta entidad, estoy convencida de que nuestra responsabilidad no se limita a aplicar la ley, sino a hacerlo con conciencia del contexto social y cultural en el que vivimos. La justicia no puede depender del idioma que se habla ni del territorio que se habita.
Así, considero que para lograr un acceso real a la justicia de las mujeres indígenas dentro del Estado de México, conviene priorizar las siguientes propuestas de acciones, en sintonía con estándares nacionales e internacionales de derechos humanos:
1. Interpretación y traducción efectiva: garantizar intérpretes formales en instancias penales, civiles y administrativas; además, producir materiales informativos en las lenguas respectivas.
2. Capacitación obligatoria y permanente del personal: instruir al personal institucional y de servicio público en perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.
3. Desconcentración y acercamiento de servicios: impulsar oficinas móviles, jornadas itinerantes y módulos locales de atención asociados a la búsqueda de justicia.
4. Coordinación intercultural: continuar aplicando protocolos que reconozcan y normen, con respeto a los derechos humanos y a la libre determinación, los mecanismos de justicia comunitaria sin tolerar prácticas discriminatorias o violatorias de derechos.
5. Transparencia y reparación: mecanismos clarosy eficaces para investigar, sancionar y reparar integralmente violencias, acompañados de seguimiento público.
Por ello, este 8 de marzo —y todos los días— el discurso debe incluir la voz de las mujeres indígenas del Estado de México como núcleo, pues su participación activa y real es indispensable para la construcción de la nación con justicia social que se está cimentando.
Conmemorar el Día de la Mujer, es reconocer su lucha histórica y resistencia viva, es visibilizar que con dignidad y ante las adversidades han luchado por el derecho de ser escuchadas y vistas en su propia lengua.
Razón por la que debemos asumir con convicción la responsabilidad de construir y preservar instituciones que escuchen, comprendan y respondan, reafirmando un compromiso verdadero de justicia, porque ellas son raíz, memoria y presente de nuestro Estado.
Cuando las mujeres indígenas acceden plenamente a la justicia, no sólo avanzan ellas; avanza el Estado de México en su promesa de igualdad y dignidad para todas.
Por Arantxa Ramírez Villafuerte
