El caso del adolescente de 15 años que asesinó a dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, no solo ha generado conmoción nacional, sino también un fuerte debate político y jurídico luego de que el diputado local Carlos Bautista Tafolla planteara que el menor debería recibir la pena de muerte.
El legislador sostuvo públicamente que, desde su perspectiva, el crimen amerita un castigo ejemplar de máxima severidad. “Una muerte merece la pena de muerte”, declaró, al considerar injusto que se le arrebate la vida a dos mujeres sin consecuencias proporcionales. 
Sus declaraciones encendieron la discusión en redes sociales y en el ámbito político, ya que en México la pena de muerte está abolida y es inconstitucional, además de que el sistema de justicia penal para adolescentes establece sanciones diferenciadas para menores de edad.
Actualmente, el joven enfrenta un proceso bajo este sistema, el cual contempla penas máximas considerablemente menores que las de un adulto, lo que ha sido uno de los principales detonantes del debate público tras el crimen. 
El propio diputado también señaló que los padres del menor deberían asumir responsabilidad legal por lo ocurrido, ampliando aún más la controversia en torno a su postura. 
Cabe destacar que no es la primera vez que Bautista Tafolla impulsa este tipo de propuestas: en 2025 promovió una iniciativa para aplicar la pena de muerte en casos graves, la cual fue rechazada por el Congreso local por considerarse contraria a la Constitución y sin evidencia de efectividad en la reducción del delito. 
Especialistas en derecho han reiterado que implementar la pena capital en México no solo implicaría reformas profundas a nivel constitucional, sino también la violación de tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por el país.
Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación y ha reabierto discusiones sobre violencia juvenil, acceso a armas, salud mental y los límites del sistema de justicia para menores en México.
