La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense avaló reformas para ampliar los supuestos para otorgar amnistía, y crear la Comisión Legislativa de Seguimiento a los casos de Amnistía —la cual podrá promover o solicitar el trámite para que una persona recupere su libertad—, además de reforzar la defensoría pública en estos procesos.
El dictamen, que conjuntó iniciativas del diputado Octavio Martínez Vargas (morena), la legisladora Ana YurixiLeyva Piñón (PT) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuya aprobación fue destacada por congresistas de ambas bancadas, así como del PAN y MC, incorpora a las posibilidades de amnistía los casos de mujeres acusadas o sentenciadas que no fueron juzgadas con perspectiva de género o de derechos humanos.
De igual forma, las adecuaciones a las leyes de Amnistía y Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de México, añaden el supuesto de personas acusadas o sentenciadas por cometer delitos bajo una situación de vulnerabilidad manifiesta, desventaja, asimetría o existencia de alguna categoría sospechosa.
De aprobarse por el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense, las reformas consideran la posibilidad de amnistía para personas privadas de la libertad, incluidas aquellas por delitos que atentan contra la vida, la libertad o la integridad personal, que cuenten con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia esté reconocida por el Estado mexicano, algún organismo nacional o local de derechos humanos, donde se desprendan violaciones a estos y al debido proceso, en la que se proponga su libertad.
Además de incorporar lenguaje incluyente, el proyecto legislativo establece la posibilidad de amnistía para las personas que hayan auxiliado, con previo consentimiento de la madre o la persona gestante del producto, en la interrupción del embarazo y no solo a parientes consanguíneos, como lo define la legislación vigente. Respecto a las personas mayores de 65 años que padecen enfermedad terminal o crónico-degenerativa grave, especifica que debe estar diagnosticada.
En lo que respecta a la comisión legislativa que se crearía, se establece que ésta conocería los casos que, por su relevancia, le sean presentados ya sea por personas que guarden un vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con la persona interesada, o por organizaciones u organismos públicos defensores de los derechos humanos que estén debidamente registrados y operen sin fines de lucro.
Asimismo, por organismos defensores de derechos humanos, por encuadrar en supuestos de violación de derechos o fallas en la aplicación de alguno de los principios penales del sistema acusatorio, o la plena presunción de fabricación de delitos.
La Comisión de Amnistía se integraría, a propuesta de la Junta de Coordinación Política y con aprobación del Pleno legislativo, con la participación de los distintos grupos parlamentarios, respetando en todo momento los principios de pluralidad, paridad y proporcionalidad.
Este órgano parlamentario podrá solicitar la opinión consultiva de la Comisión de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de Justicia, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo del Estado de México; en el caso de este último, a través de la Consejería Jurídica. Asimismo, podrá recabar la opinión de organizaciones de la sociedad civil debidamente registradas, cuyo objeto sea la protección y defensa de los derechos humanos. De igual manera, podrá convocar la participación de personas expertas, instituciones académicas y otras organizaciones de la sociedad civil, cuando la naturaleza del asunto así lo requiera.
La comisión, con base en la presunción de inocencia, el debido proceso y los demás principios penales aplicables, derivado del análisis exhaustivo, profesional, imparcial y libre de estereotipos y de discriminación de cada caso, solicitaría al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México que, a través de su conducto o de su defensa, previa recepción del expediente y dictaminación correspondiente, presente la solicitud de amnistía a la autoridad judicial o procuradora de justicia, a efecto de que se realice el trámite correspondiente.
El documento refiere que el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México proporcionaría asesoría y defensa jurídica a las personas solicitantes de amnistía que así lo requieran, así como ejercer su representación legal, cuando así corresponda, ante las autoridades competentes.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en tanto, proporcionaría orientación jurídica especializada a las personas solicitantes de amnistía, respecto de la identificación de posibles violaciones a derechos humanos o al debido proceso.
Se añade que se establecerían las bases para decretar amnistía sin trato diferenciado, salvaguardando en todo momento la constitucionalidad, los derechos humanos y la no discriminación, siempre que no sean reincidentes en el delito por el cual se otorgue el beneficio.
También se sustituye al Consejo de la Judicatura (como instancia facultada para emitir acuerdos generales a efecto de normar el procedimiento, fijando plazos para sustanciar las solicitudes de amnistía) por el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial estatal.
En reunión presidida por la legisladora Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN), el diputado Octavio Martínez señaló que el dictamen abre una esperanza para las personas privadas de su libertad de manera injusta.
La parlamentaria Ana Yurixi Leyva destacó que las reformas brindan la posibilidad de devolverle al Congreso una herramienta que conecta directamente con la justicia social.
Detalló que, de acuerdo con las cifras del Poder Judicial estatal, hasta noviembre de 2024 se habían otorgado 3 mil 108 amnistías por la vía jurisdiccional directa; 17 a través de la Comisión de Derechos Humanos; y, por la vía legislativa, mil 152, lo cual quiere decir, agregó, que el Congreso estatal es el segundo espacio más importante en el impulso de procesos de amnistía.
El congresista Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena) aclaró que no se trata de amnistía indiscriminada, pues hay límites y filtros; que tampoco implica agraviar a las víctimas ni un perdón en automático, pues es un mecanismo de corrección donde el propio aparato de justicia pudo haber fallado; y que no se debilita al Poder Judicial, toda vez que se crea una instancia de seguimiento y valoración institucional para que la amnistía no quede capturada por inercias burocráticas o administrativas.
De la misma bancada, la parlamentaria Nelly BrigidaRivera Sánchez coincidió en que el dictamen otorga esperanza a las personas en condición de vulnerabilidad sin acceso a una justicia pronta y expedita; el diputado Vladimir Hernández Villegas refirió que se corrige un “punitivismoirracional” y subrayó que el factor humano será fundamental para su aplicación adecuada, en tanto que el legislador Héctor Karim Carvallo Delfín resaltó la disposición de la LXII Legislatura estatal de abordar temas “difíciles” y señaló que este dictamen impactará en la sobrepoblación en los centros penitenciarios.
La congresista Emma Laura Álvarez indicó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 36.3 por ciento de las personas privadas de la libertad en México, es decir, más de 85 mil personas, no cuentan con una sentencia definitiva y que, en el caso del Estado de México, el 100 por ciento de las personas sin sentencia se encuentran bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, es decir, aproximadamente de 10 mil a 12 mil.
Tras señalar que diversos diagnósticos apuntan a que conductas delictivas de bajo o mediano impacto se encuentran frecuentemente vinculadas a contextos de marginación, pobreza o falta de acceso a una defensa adecuada, enfatizó que la justicia no se limita a castigar, sino que también implica corregir, reconocer y garantizar que nadie quede atrás.
Al respecto, la parlamentaria Ruth Salinas Reyes (MC), quien consideró necesaria esta reforma, expuso que su bancada hace hincapié en la solicitud de una ampliación presupuestal para el ramo de servicios personales, a efecto de atender las responsabilidades de asesoría, orientación y defensa jurídica.
