El diputado Octavio Mart\u00ednez Vargas (morena) propuso la creaci\u00f3n de una comisi\u00f3n legislativa encargada de recibir, analizar, dictaminar y someter a consideraci\u00f3n del Pleno las solicitudes de amnist\u00eda, para aprobar su viabilidad mediante decreto legislativo. <\/p>\n\n\n\n
Con esta iniciativa de reforma a la Ley de Amnist\u00eda estatal, el parlamentario plantea trasladar la conducci\u00f3n del proceso de an\u00e1lisis de las solicitudes de amnist\u00eda al Poder Legislativo, redefiniendo la intervenci\u00f3n del Poder Judicial en este \u00e1mbito, y puntualizando que corresponde al Poder Ejecutivo cumplir y ejecutar, de manera inmediata y obligatoria, los decretos de amnist\u00eda emitidos por el Congreso.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el documento, en la pr\u00e1ctica se ha demostrado que el Poder Judicial, al procesar esas demandas, tiende a reproducir una l\u00f3gica estrictamente procesal, que dificulta la identificaci\u00f3n de patrones estructurales de injusticia, as\u00ed como la valoraci\u00f3n del contexto social y de derechos humanos en el que se inscriben los casos.<\/p>\n\n\n\n
Por lo anterior, la propuesta considera que la creaci\u00f3n de una Comisi\u00f3n Legislativa de Amnist\u00eda permitir\u00e1 institucionalizar un \u00f3rgano legislativo de an\u00e1lisis plural, t\u00e9cnico y transparente, con capacidad para recibir solicitudes, requerir informaci\u00f3n, valorar contextos de violaciones a derechos humanos y emitir dict\u00e1menes sustentados. <\/p>\n\n\n\n
Asimismo, retoma supuestos ampliamente se\u00f1alados por asociaciones civiles y organismos de derechos humanos, como la existencia de indicios razonables de fabricaci\u00f3n de delitos, el uso de pruebas il\u00edcitas o manipuladas, las violaciones graves al debido proceso y el incumplimiento del marco constitucional.<\/p>\n\n\n\n
En este sentido, dispone que la comisi\u00f3n planteada emita el dictamen correspondiente (que puede ser favorable o no, y en un plazo de 30 d\u00edas h\u00e1biles a partir de la admisi\u00f3n de la solicitud) y, en su caso, aprobar mediante decreto legislativo el otorgamiento de la amnist\u00eda, en los t\u00e9rminos establecidos en la ley referida, y vigilar el cumplimiento del decreto de amnist\u00eda por las autoridades obligadas a su ejecuci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Se\u00f1ala que busca fortalecer la capacidad institucional de escuchar a las v\u00edctimas del sistema penal, corregir errores y garantizar que el ejercicio del castigo se mantenga dentro de los l\u00edmites que impone la dignidad humana y el Estado constitucional de derecho, y precisa que la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos, el Instituto de la Defensor\u00eda P\u00fablica y la Fiscal\u00eda General de Justicia, todos estatales, asumir\u00edan atribuciones espec\u00edficas para cumplir las amnist\u00edas concedidas por el Legislativo. <\/p>\n\n\n\n
A la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos del Estado de M\u00e9xico (Codhem) le corresponder\u00eda proporcionar orientaci\u00f3n jur\u00eddica especializada a las personas solicitantes de amnist\u00eda, respecto de la identificaci\u00f3n de posibles violaciones a derechos humanos o al debido proceso, y emitir\u00eda opiniones t\u00e9cnicas o consultivas a solicitud del Poder Legislativo. <\/p>\n\n\n\n
El Instituto de la Defensor\u00eda P\u00fablica estatal aportar\u00eda asesor\u00eda jur\u00eddica y defensa t\u00e9cnica a las personas solicitantes de amnist\u00eda que as\u00ed lo requieran, adem\u00e1s de ejercer la representaci\u00f3n legal de las personas solicitantes o beneficiarias ante las autoridades competentes, cuando proceda.<\/p>\n\n\n\n
En tanto que la Fiscal\u00eda General de Justicia del Estado de M\u00e9xico, a su vez, deber\u00e1 cumplir y ejecutar, en el \u00e1mbito de sus atribuciones, los decretos de amnist\u00eda emitidos por el Poder Legislativo, realizando los actos ministeriales que resulten necesarios para hacer efectivos sus efectos jur\u00eddicos.<\/p>\n\n\n\n
Por otra parte, la reforma planteada ampl\u00eda los supuestos de amnist\u00eda en casos de aborto, cuando se impute responsabilidad a la persona gestante, as\u00ed como al personal m\u00e9dico, incluyendo m\u00e9dicos, cirujanos, comadronas, parteras y dem\u00e1s personal de salud autorizado que haya intervenido en la interrupci\u00f3n del embarazo. Esto aplicar\u00e1 siempre que el procedimiento se haya realizado sin violencia y con el consentimiento previo de la persona gestante. De igual manera, se extiende a quienes hayan brindado apoyo con dicho consentimiento.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, cuando, en relaci\u00f3n con el delito imputado, existan indicios razonables de que el proceso penal se haya iniciado o sostenido con base en hechos falsos, pruebas il\u00edcitas, simuladas o manipuladas, o mediante actuaciones ministeriales o policiales irregulares e ilegales, as\u00ed como por violaciones graves al debido proceso, y tales circunstancias hayan dado lugar a la privaci\u00f3n de la libertad, a la vinculaci\u00f3n a proceso o a la emisi\u00f3n de una sentencia.<\/p>\n\n\n\n
Entre otros planteamientos, precisa que se encuentran legitimadas para promover la solicitud de amnist\u00eda, ante la comisi\u00f3n legislativa de amnist\u00eda referida, la persona a favor de quien se solicite; su defensa legal; las personas con parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado; la Codhem y organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas sin fines de lucro cuyo objeto sea la defensa o promoci\u00f3n de los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n
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